Querétaro, Qro., a 28 de agosto de 2025. – El reloj constitucional se detuvo para el Congreso de Querétaro, pero el tiempo sigue corriendo para los ciudadanos. Dos plazos federales, de carácter obligatorio, han vencido y la Legislatura del Estado se encuentra en una situación de parálisis y desacato: ni la reforma al Poder Judicial ha sido armonizada, ni el nuevo marco nacional de transparencia ha sido adoptado.
Este rezago no es un simple trámite olvidado; constituye una violación abierta a la Constitución que los legisladores protestaron cumplir y hacer cumplir. La omisión ha generado alarma en la sociedad civil, que ya prepara una ofensiva legal para exigir responsabilidades.
Dos Deudas, Dos Plazos Vencidos
La primera fecha límite expiró hace más de cinco meses. El 15 de marzo de 2025 se cumplió el plazo de 180 días que la Constitución otorgó a las entidades para adaptar sus leyes a la profunda reforma del Poder Judicial. Pese a las advertencias, la legislatura queretana admitió en vísperas del vencimiento que el tema quedaría «para después». Hoy, ese «después» sigue sin llegar, y la propia Mesa Directiva ha confirmado que la reforma no se concretará en 2025, citando una supuesta «complejidad» que no impidió a otras entidades cumplir.
La segunda deuda se venció el 18 de junio de 2025. Para esa fecha, Querétaro debía tener en vigor su legislación local armonizada con la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La Paciencia Ciudadana se Agota: Vienen Amparos
El silencio en el pleno del Congreso ha generado un eco ruidoso en la arena ciudadana y política. Ante lo que califican como una «omisión legislativa deliberada», colectivos y legisladores de oposición han anunciado que llevarán la batalla a los tribunales.
«Iniciaremos con la presentación del primero de cinco amparos para obligar al Congreso a hacer su trabajo», confirmó la diputada Claudia Díaz Gayou del PT. El primer recurso, detalló, buscará destrabar la reforma judicial, pero la ofensiva legal también apuntará a otros pendientes críticos como el bienestar animal y la igualdad sustantiva. El mensaje es claro: si los legisladores no cumplen con su deber, los jueces tendrán que recordárselo.
Mientras tanto, en los pasillos del Poder Legislativo se habla de análisis y revisiones amplias, pero la realidad, dictada por el calendario oficial, es ineludible: Querétaro está en falta. La pregunta que resuena fuera del recinto es si la legislatura actuará por convicción o esperará a ser obligada por una orden judicial.